Resulta angustioso
aseverar que el incumplimiento de los Derechos Humanos en nuestro país es
reconocido desde organismos internacionales de prestigio.
Prueba de ello,
el Informe del Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa de 9 de octubre de 2013,
que incluye conclusiones y recomendaciones para las autoridades. Este informe
es realizado tras la visita del Comisario a España en la primera semana de
junio, en las ciudades de Madrid y Sevilla, aquí se puede ver en toda su
extensión:
Los temas versan
sobre las repercusiones de la crisis en niños y personas con discapacidad, en
ambos casos preocupa como los recortes están afectando negativamente a estos
colectivos, como se limitan los derechos humanos y donde se insta a las autoridades
a que se garanticen el cumplimiento de los derechos.
Un tercer tema que
aborda lo hace sobre “la función de las autoridades de hacer cumplir la ley en
protección de los derechos humanos”, el Comisionado hace referencia a la
impunidad de los organismos encargados de ello “es una cuestión de derechos
humanos sumamente inquietante y de larga data en España”. Expresando su
preocupación, entre otras cosas, por el uso desproporcionado de la fuerza, con
balas de goma, la falta de identificación de los agentes encargados, en
particular cuando las manifestaciones se dirigen en contra de los recortes y
hacia la clases dominantes. El Comisario, reitero el título de quién firma este
informe, el Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa,
publicado en un informe oficial de una institución de la Unión Europea también
oficial, “insta al Gobierno español a que ponga fin a la antigua práctica,
basada en una Ley de 1870, de conceder indultos a los miembros de organismos
encargados de hacer cumplir la ley y que toman parte en graves vulneraciones de
los derechos humanos, incluidas la tortura”.
España es miembro de la ONU y de la Unión Europea, también
fundador de la OSCE, Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.
Nuestro país ha ratificado los tratados internacionales de derechos humanos, lo
que se deduce que tenemos pleno acuerdo con las normas internacionales en
derechos humanos. En papel, porque después de más de tres décadas de marco de
convivencia constitucional y casi tres décadas integrados en la Unión Europea,
desde distintas asociaciones, como la Asociación Pro Derechos Humanos en España, critiquen que
nuestras leyes no estén del todo adaptadas al Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, por mucho que hayan sido ratificadas.
De hecho, en septiembre de 2013, el Gobierno invita a irse
a seis observadores de la OSCE que querían supervisar las manifestaciones del
28S. Desde la OSCE se mostró su claro malestar y envío un comunicado al
Gobierno español “llama a las autoridades a asegurar el respeto a la libertad
de reunión, en la línea de los compromisos OSCE y otros estándares
internacionales de derechos humanos”
Lo que si hay previsto es un endurecimiento del Código
Penal, otra Ley Gallardon, otra vuelta
endurecimiento de este código. Especial preocupación reviste las modificaciones
enfocados para controlar y castigar con más durezas las manifestaciones en
contra de recortes y contra la percepción de impunidad de la clase política que
existe actualmente. O como se endurece el desorden público cuando se ejerza en
grupo, no es que defienda que no se respete la propiedad privada, no es mi
intención, ni el respeto a las fuerzas de orden público, de hecho sindicatos de
policía o asociaciones de jueces comparten aspectos de lo que trato de decir.
Lo cierto que tirar
piedras en una manifestación puede significar hasta seis años de cárcel, que no
trato de decir que no sea una infracción, también es cierto que se han perdidos
derechos, se ha recortado en sanidad sin impunidad, se han perdido miles de
millones de euros y muchos no han tenido ni un día de cárcel, incluso algunos porque algún Juez tuviera en la cárcel un sólo día a un banquero, que ha tenido una actuación harto indecorosa, ha sido suspendido cautelarmente de su puesto, por el propio Poder Judicial.
La realidad fue la promesa electoral de un poder judicial independiente, no obstante, el pacto de los grandes
partidos de este país ha hecho que el retroceso en la independencia judicial sea mayor
que antes de la crisis, que es decir mucho, no me cabe la menor duda que la moral de estos sujetos deja mucho que desear, eso es un axioma.
Como conclusión a esta reflexión, añadir como los colectivos de jurista ven en la pretendida
reforma del código penal una puerta abierta a perseguir el activismo en las
redes sociales. Sr. Gallardón a pesar de su política cercana a la extrema
derecha, a pesar de la renovación pactada del poder judicial con socialistas, que
resta independencia judicial y da alas a la impunidad de los delitos económicos
y de enchufismos, no puede cambiar usted el poder de la Red, que más quisiera, además, aquí en Cádiz,
nos quedarán los carnavales por si acaso.
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