¿Es España un Estado de Derecho?

Podría parece exagerado la pregunta así de sopetón, aunque, lamentablemente, tal cuestión cuenta con datos demoledores.
Entendiéndolo como aquél Estado que ha sido libremente elegido por los ciudadanos. En donde tanto los poderes públicos como los ciudadanos están sometidos a derecho. Nadie está por encima del derecho, de la Ley. 

Reconociendo los derechos y libertades de los ciudadanos y con la exigencia de una política clara que acepta el principio clásico de la división de poderes, en el legislativo, judicial y ejecutivo.



Así que cuando en julio pasado, con el gobierno de Rajoy, el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquín Bosch dice: “En nuestro país la división de poderes corre riesgos muy serios y por eso necesitamos las intervención de organismos internacionales”. Se trataba de una denuncia de tal situación dirigida a la ONU, firmada por esta organización, así como por el Foro Judicial Independiente y la defensora de los derechos y libertades civiles Rights International Spain.

En el comunicado la organizaciones instaban a activar un nuevo instrumento de la UE para fortalecer el Estado de Derecho, así como a “adoptar una serie de medidas para impedir que siga deteriorándose el Estado de Derecho en España”, se consideraba que las presiones políticas estaban continuamente erosionando la independencia del poder judicial.

Ya desde 1985, con González en el poder, se produce un drástico cambio en la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, porque todos sus miembros son elegidos por los políticos, lo que ha producido una merma en la independencia del Poder Judicial, que hace que hoy en día se ocupe un bajo lugar en el ranking mundial, por debajo de países aún en desarrollo, en los últimos lugares de Europa.

De la misma forma, sin olvidar que en los primeros meses de 2010, con el gobierno de Zapatero, casi 1500 jueces y magistrados de todas las tendencias ideológicas y asociativas hicieran un manifiesto en un documento denominado: “MANIFESTO POR LA DESPOLITIZACIÓN Y LA INDEPENDENCIA JUDICIAL”.

En esta situación, agravada con la crisis y el gobierno de Rajoy, nos encontramos que a día de hoy se debate en el Parlamento de Andalucía la reprobación del Consejero de Justicia, Emilio Llera, por unas declaraciones que cuestionaba la actuación de los jueces y comparaba su actuación con Hitler. Declaraciones que fueron contestadas por las asociaciones de jueces de forma contundente: «Este pensamiento primario y poco elaborado es incompatible con los principios y reglas que regulan las relaciones entre los poderes del Estado y refleja no solo desconocimiento de los valores constitucionales españoles sino de los que comparten con carácter general los países civilizados en materia de justicia»

La actuación de los grandes partidos… de vergüenza.

En cuanto a los nuevos partidos parece fuera de duda que la actuación de ciudadanos está ligada a pactos con los grandes partidos, que no tienen intención de cambiar la actual situación, lo demuestra su actuación en Madrid y Andalucía. En tanto que deja también mucho que desear el pacto de Podemos-IU, no deja de producir extrañeza que en el documento que han consensuado para el citado pacto, con 50 medidas, no se contemple entre esas medida una efectiva legislación que se encamine a una separación real de poderes y una independencia del Poder Judicial efectiva, extrañeza y total desconfianza. Cuando es claramente demandada por los organismos internacionales de derechos humanos. No, no tienen intención de cambiar nada, parece que los primeros sigan con la tortilla por el mismo lado y los otros lo que quieran es darle la vuelta a su gusto.

Si queremos un Estado Social, Democrático y de Derecho, tendrá que ser una demanda no sólo de los jueces, sino civil, independientemente de los partidos políticos, que claramente ni dieron ni están dando la talla en la actualidad, es algo muy serio que nos compete a todos, si queremos democracia despertemos y hagamos democracia.